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“Si hay piquete, hay denuncia”: el Municipio acudió nuevamente a la justicia por los cortes de calles

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Dic 23, 2022

El Municipio de Resistencia volvió a solicitar ante la Fiscalía y el Juzgado de Faltas Municipal que se garantice el derecho a la libre circulación vial en la ciudad y el derecho de las personas a realizar sus actividades libremente.

La entidad municipal denunció formalmente al grupo de movimientos MTR CUBA, cuyos referentes son Viviana Toro y Soledad Monje, al Polo Obrero, en la persona de Julián Zelaya, y a la Cooperativa de trabajo “Frente en Alto” y al Movimiento Miguel Maciel, estos dos últimos encabezados por el propio Maciel.

La presentación penal se resguarda en el Artículo 194° del Código Penal, y denuncia la organización y ejecución de actos y acciones dirigidos a la obstrucción de la circulación vehicular y peatonal.

La convocatoria fue efectuada por estas organizaciones con la presencia de ciento de personas que marcharon por distintas calles del microcentro, impidiendo el tránsito del transporte de pasajeros, entorpeciendo el acceso de los ciudadanos a sus lugares de trabajo, a las distintas oficinas públicas y a las entidades bancarias para realizar trámites, dificultando la llegada de personas a los comercios y a los estudiantes a los establecimientos educativos de la zona.

En todo el recorrido, según consta en la denuncia, los manifestantes fueron interceptando “la circulación vehicular y peatonal de las arterias mencionadas, con actitudes no pacíficas, provocadoras, propinando insultos y amenazas a quienes pretenden transitar por dicho sector”

Desde el Municipio resaltaron, además, que “este tipo de marchas no solo ocasiona un perjuicio al tránsito vehicular, sino que, a los comerciantes, al verse significativamente disminuida asistencia de clientes a sus locales y, por ende, afectando sus ingresos y rentabilidad; provocando además una evidente y manifiesta alteración del orden público y de la paz social”. 

También, “con este tipo de actos que se repiten en todas las jornadas se atenta contra el derecho de ciudadanos y ciudadanas que necesitan realizar trámites, gestiones y tener acceso a las distintas entidades públicas como ser Casa de Gobierno, Poder Judicial; a los locales comerciales de la zona, el ingreso a establecimientos educativos”. 

Fuente: Diario Chaco

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